Como se dio con el caso de Camilo Soares y Alfredo Guachiré, quienes fueron condenados por el caso de los "coquitos de oro" y la Corte le dio una mano para anular el proceso dejando impune un hecho de corrupción, ahora también fue beneficiado Rafael Filizzola, quien queda libre de este caso de los arreglos de Comisarías donde se habla de un perjuicio patrimonial de G. 1.131.812.500.
De esta manera queda impune el hecho de lesión que por más de 10 años se discutió en tribunales, pero la principal responsable de todo fue una vez más la Corte Suprema de Justicia que por casi seis años cajoneó el proceso.
Las obras iniciaron el 25 de enero del 2011 y según el documento debían concluir en 60 días en 23 comisarías; mientras que en la restante, la comisaría número 19, ubicada en el Barrio Jara, debía concluir en 90 días. El 27 de enero se abonó la totalidad del monto establecido en el contrato.El requerimiento conclusivo del fiscal explica que Filizzola llamó a licitación sin que existiera una necesidad, ni un pedido de los responsables de las áreas afectadas, que avalen la construcción de las mismas, ni un estudio técnico con relevamiento de datos de cada comisaría.
Además, refiere que el ex ministro ordenó el pago teniendo conocimiento de que el plazo para la ejecución de las obras era de 60 y 90 días, y que conforme a la fecha del llamado y del proceso administrativo las obras no estarían terminadas para el último día hábil del período fiscal 2010. Esto ocasionó un perjuicio de G. 408.112.313 según la investigación.
Sin embargo gracias a chicanas el caso fue dilatándose y no se hacía la audiencia preliminar, en el 2016 Rafael Filizzola recurre a la Corte a través de una inconstitucionalidad y la misma fue a parar a la Sala Penal, donde quedó cajoneada por casi seis años, recién a finales del año pasado los ministros Eugenio Jiménez, Alberto Martínez Simón y el camarista Cristóbal Sánchez, quien integró la Sala, destrabaron el proceso, pero ya era tarde porque el ex ministro ya logró su objetivo ayudado por la máxima instancia, que era alargar a más de 10 años el proceso.
Ante este escenario es que Rafael Filizzola se presentó a la audiencia preliminar en la que su defensa planteó el pedido de prescripción que fue aceptado por la jueza Pedrozo y el proceso se extinguió dejando impune los casi G. 1.200 millones en perjuicio al Estado.
Fuente: Hoy
