Peña ha manifestado que esta reforma es esencial para promover la descentralización en Paraguay y garantizar que los recursos generados en el ámbito local se inviertan en el desarrollo de infraestructuras. “Mi compromiso es reformar la Constitución para que el 100% de la recaudación del impuesto inmobiliario... quede en los gobiernos municipales”, declaró. Según el mandatario, esta medida permitirá financiar obras vitales como empedrados, asfaltados y puentes, que son fundamentales para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Sin embargo, la intención de modificar la Carta Magna no está exenta de controvesias. Existe preocupación en el ámbito político y social debido a los temores de que esta reforma pueda servir como un vehículo para la reelección presidencial. Este temor se remonta al pasado reciente, cuando el intento de reelección bajo el gobierno de Horacio Cartes llevó a manifestaciones violentas y resultó en la muerte de un joven, Rodrigo Quintana, en un contexto de represión policial.
El debate en torno a la reforma de Peña refleja un dilema importante en la política paraguaya: la necesidad de fortalecer las instituciones locales y mejorar la gestión de recursos, frente a los riesgos de concentrar poder que una modificación constitucional puede acarrear. La propuesta, en última instancia, busca empoderar a los municipios, pero debe ser considerada con precaución para evitar repetir los errores del pasado y garantizar un proceso democrático que represente la voluntad del pueblo.
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@danifiguesti
