En una protesta que empezó este sábado y se extendió hasta el domingo, millones de manifestantes se dirigieron a Brasilia con el objetivo de reclamarle al Poder Legislativo, el único que todavía se mantiene relativamente independiente de las garras del Foro de Sao Paulo, que frene las medidas dictatoriales de Lula da Silva.
Sin embargo, la poca seguridad que suele haber los domingos en Brasilia propició a los manifestantes a ingresar al edificio del Congreso Nacional, con imágenes que recordarán a muchos a las protestas del 6 de enero del 2021, cuando seguidores del entonces presidente Donald Trump irrumieron en el Capitolio en Washington D.C.
Pero los brasileños, acostumbrados a hacer todo a lo grande, no solo ingresaron al edificio legislativo, si no que irrumpieron en el Pálacio do Planalto, la casa de gobierno donde el presidente y sus ministros tienen sus oficinas, y en el edificio del Plénario do STF, donde se reúnen los jueces de la Corte Suprema a deliberar y votar.
Al ser domingo, los congresistas, jueces supremos y ministros están en sus casas en vez de en los edificios gubernamentales, por lo que los manifestantes no chocaron en ningún momento con las autoridades del gobierno.
A pesar de esto, y según la experiencia de las protestas en Washington hace dos años, no hay dudas que el gobierno de Lula utilizará los sucesos de este domingo para reforzar y terminar de blanquear la persecución a militantes de derecha que se oponen a su gobierno.
Los manifestantes de derecha, en su mayoría simpatizantes de Bolsonaro, piden que el Congreso Nacional intervenga para frenar las decenas de medidas de emergencia que ha tomado Lula por decreto en sus primeros días como presidente.
También piden que el Congreso abra una investigación sobre las denuncias de fraude electoral, expandiendo sobre lo investigado por un comité del Senado que escuchó a múltiples auditores explicar por qué las elecciones de noviembre del año pasado nunca debieron ser legitimadas.
Por último, están los que piden la renuncia inmediata de Lula por la creación de un “Ministerio de la Verdad”, que empezará a censurar las voces disidentes cuando se ponga en funcionamiento en las próximas semanas. Estos manifestantes piden, en última instancia, una intervención militar.
Lula ordenó desde Sao Paulo a la Policía Militar (PM) que despeje el Palacio do Planalto, donde se registraron escenas de extrema violencia, con policías atacando mujeres y ancianos, además de arrojar bombas de gas lacrimógeno a personas que estaban rezando pacíficamente fuera de los edificios.
