La información sobre este recorte se presentó cuando se reveló el proyecto de Ley del Ministerio de Hacienda para el próximo año, en el que se establece un presupuesto de 73 mil millones de guaraníes para el Gobierno de Amambay. Sánchez Fleitas destacó que, mientras se busca un aumento de 21 mil millones para la Gobernación, el presupuesto actual de la Junta Departamental es de 54 mil millones de guaraníes. La concejal advirtió que el gobernador planea reducir el presupuesto de la Junta cerca de 3 mil millones de guaraníes, afectando diversos rubros esenciales, como servicios de mantenimiento, reparación de edificios, adquisición de equipos de oficina y otros gastos operativos.
Este deseo de Acosta de aumentar su presupuesto en 22 mil millones de guaraníes ha generado temor en la Junta Departamental, ya que podría comprometer el funcionamiento normal de esta entidad. Sánchez Fleitas enfatizó que el presupuesto que se está manejando no solo cubre los gastos operativos, sino también los salarios de técnicos que desempeñan un papel crucial en el funcionamiento de la Junta.
La situación ha captado la atención de otros actores políticos. El diputado nacional Santiago Benítez se reunió con los miembros de la Junta para discutir el tema, indicando su intención de solicitar un resumen de todos los proyectos aprobados por la Junta, lo que ayudaría a dar seguimiento a la gestión desde la Cámara Baja. Sin embargo, la concejal también expresó su decepción hacia sus colegas de la bancada de la Asociación Nacional Republicana (ANR), quienes parecen mostrar desinterés por abordar el potencial recorte presupuestario.
En resumen, la propuesta del gobernador Juan Silvino Acosta de recortar el presupuesto de la Junta Departamental para el 2025 ha generado un clima de incertidumbre y conflicto entre las autoridades locales. La defensa del presupuesto de la Junta es crucial no solo para la continuidad de sus operaciones, sino también para el bienestar general de los ciudadanos del Departamento de Amambay. La situación requiere atención y acción por parte de todos los actores involucrados para garantizar la correcta asignación de recursos y la adecuada gestión pública.
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