Las comisiones especiales de intervención municipal una vez conformadas deben analizar las causales de pedidos de intervenciones a cinco municipios administrados por intendentes colorados y liberales, que fueron cuestionados por sus juntas municipales.
Los diputados cartistas y liberales que integran la nueva mayoría que reeligió a Pedro Alliana (ANR, cartista) y como titular de Diputados “cajoneó” los casos de los intendentes denunciados por supuesta mala utilización de dinero público en sus distritos.
El intendente de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo (PLRA), recurrió a través de una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia para frenar el pedido de intervención municipal en su contra que fue aprobado en enero. Desde el 28 de febrero el tratamiento está pendiente en la Cámara de Diputados.
La acción fue admitida y remitida a la Sala Constitucional de la Corte, integrada por Gladys Bareiro de Módica, Manuel Ramírez Candia (liberal) y Antonio Fretes (colorado) para su estudio.
El intendente pedrojuanino también está imputado por violar la cuarentena. Su hermano, el diputado Robert Acevedo (PLRA) votó a favor de la presidencia de Alliana, por lo que no se descarta que su caso y el de otros intendentes quede archivado tras la alianza “cartoliberal” pactada en la Cámara de Diputados.
Los concejales municipales de Teniente Esteban Martínez acusan al intendente, Presentado Martínez (ANR) de un supuesto faltante de G. 800 millones en su administración, mala utilización de los royalties, irregularidades en materia presupuestaria y en contratación de obras y servicios.
En el caso del intendente de Concepción, Alejandro “Tati” Urbieta (PLRA), los ediles lo acusan de irregularidades como pedir un préstamo de G. 4.000 millones para “obras”, pero que se usaron en salarios y transferencias directas a comisiones vecinales.
Urbieta está imputado por supuesto desacato judicial por negarse a dar información pública. También está procesado por lesión de confianza y apropiación de descuentos salariales de aportes que no eran depositados.
El diputado Luis Urbieta (ANR, Añetete) se ausentó en la sesión donde fue elegida la nueva mesa directiva que asumirá funciones el 1° de julio. Añetete quedó excluida de las negociaciones pactadas entre cartistas y los liberales de todas las bancadas.
En diciembre del año pasado un grupo de ciudadanos de Arroyito solicitó la imputación del intendente municipal Samuel González (ANR), por el posible desvío de G. 545 millones en obras que no se realizaron.
Mientras que en el caso del intendente de Azotey, Feliciano Arévalos (ANR), lo acusan de un daño patrimonial por supuestas sobrefacturaciones de obras con fondos de royalties y Fonacide, obras fantasmas que solo existirían en papeles, según las denuncias.
El procedimiento
El artículo 165 de la Constitución Nacional establece que los municipios y gobernaciones podrán ser intervenidos por el Poder Ejecutivo previo acuerdo de la Cámara de Diputados.
En caso de aprobación del pleno, la intervención no se prolongará por más de 90 días, y si se confirmasen las irregularidades por mayoría absoluta, podrá destituir al Intendente debiendo la Justicia Electoral convocar a nuevos comicios.
