Puntos clave, según la denuncia
Alegaciones de maltrato: Una estudiante de medicina alega que supuestamente la señora Rafaela Villalba Marino de 77 años, una empleada jubilada de la oficina sigue aún prestando servicio en el ente y suele maltratar a personas, principalmemente brasileñas que buscan documentación migratoria.
La estudiante describe su comportamiento como falta de empatía y mala educación con la gente.
Reintegro Cuestionable: Según información recabada en el ente, que tanto Rafaela Villalba como la señora Mirian Escurra ya están legalmente jubiladas por su edad avanzada, pero que a través de una brecha jurídica en la Constitución Nacional fueron reintegradas a la institución.
Tratamos de conseguir una versión oficial con el actual jefe de la oficina regional, el señor Víctor Hugo Peralta pero no se encontraba en la oficina y según manifestaciones no está toda la semana por la oficina, que raras veces se le encuentra.
Presunto conflicto de intereses: El estudiante alega además que Rafaela Villalba, mientras está de servicio, promociona a un estudio jurídico captando clientes para servicios migratorios. Esta acción sería ilegal ya que constituye un conflicto de intereses y un abuso por ella ser funcionaria del ente.
Preocupaciones por la imagen pias: Es importante que muestras autoridades constituidas tomen carta en el asunto y se exija una atención acorde a los extranjeros que acuden ahí salvaguardando de la imagen País, ya que sirve como punto de entrada para extranjeros que buscan invertir, estudiar o vivir en Paraguay. La supuesta mala conducta podría dañar la reputación del país y desalentar futuras inversiones y migraciones.
Recomendaciones:
Investigación: Es crucial realizar una investigación inmediata y exhaustiva de las acusaciones. Esto debería incluir entrevistas con las presuntas víctimas, revisión de los registros de la oficina y examen de las acciones de Rafaela Villalba y el posible conflicto de intereses.
Acción disciplinaria: Dependiendo de los hallazgos de la investigación, se deben tomar medidas disciplinarias apropiadas contra el personal involucrado. Esto puede incluir suspensión, terminación del empleo o incluso acciones legales.
Transparencia y rendición de cuentas: Las autoridades deben ser transparentes sobre la investigación y sus resultados. Esto ayudará a restablecer la confianza pública y garantizar la rendición de cuentas dentro de la oficina.
Revisión de Políticas: El caso resalta el potencial de abuso del sistema legal en materia de jubilación. Es necesaria una revisión de las leyes y políticas pertinentes para garantizar que impidan que ocurran situaciones similares en el futuro.
Capacitación y supervisión: Se debe priorizar la capacitación del personal sobre ética, profesionalismo y conflicto de intereses para garantizar una conducta adecuada y evitar futuros incidentes. También es necesario mejorar la supervisión y el seguimiento de las actividades de la oficina.
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@danifiguesti
