El procedimiento fue realizado gracias a una orden de allanamiento solicitada por el juez Edgar Ramírez, del Juzgado Penal de Garantías N° 1 de Bella Vista Norte. Al llegar al terreno, que se encuentra en una zona rural, el fiscal y su equipo se encontraron con un grupo de personas que ocupaban el lugar de manera irregular. Mediante un diálogo pacífico, se les presentó la documentación correspondiente que demostraba que el terreno estaba administrado por la Senabico, destacando que había legítimos arrendatarios en la propiedad.

Cantaluppi enfatizó que los ocupantes carecían de una comisión legalmente constituida y no contaban con la autorización del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) ni de la Senabico para estar en el lugar. Esto subraya una de las principales problemáticas en el ámbito de la reforma agraria en Paraguay, que busca proteger las propiedades del Estado contra invasiones ilegales. Al comprender esta situación, los ocupantes decidieron retirarse pacíficamente del terreno, evitando de esta forma un posible enfrentamiento.

Es relevante mencionar que no se registraron detenciones durante esta intervención, lo que pone de manifiesto la efectividad del diálogo como herramienta para resolver conflictos de esta naturaleza. Este caso ejemplifica la importancia de la actuación de las autoridades en la defensa de los bienes administrados por el Estado paraguayo, así como su compromiso por mantener la legalidad y el orden en el uso de la tierra.