Según los informes, los directivos de la empresa habían recibido quejas de los clientes, quienes afirmaron haber realizado pagos directamente a Ortiz. Esto llevó a que se iniciara un proceso judicial en su contra, siendo acusado por el delito de expropiación.
El caso llegó a juicio oral y público, donde finalmente el Tribunal de Sentencia decidió absolver al acusado. La fiscal a cargo, Reinalda Palacios Jara, expresó su desacuerdo con la decisión, argumentando que contaban con testimonios y pruebas documentales que demostraban que los montos cobrados por Ortiz no habían sido ingresados a la caja de la empresa.
Sin embargo, el Tribunal consideró que existían dudas argumentadas que llevaron a la absolución del funcionario. Palacios Jara confirmó que antes de que se cumpla el plazo, presentarán una apelación, con la esperanza de que una instancia superior revise el caso y pueda determinar una sentencia diferente.
Este caso resalta la importancia de que los procesos judiciales se lleven a cabo de manera imparcial y exhaustiva, y que las decisiones se tomen considerando todas las pruebas y testimonios presentados, incluso cuando existen discrepancias entre las partes involucradas.
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@danifigueredo
