El jefe comunal planteó la acción de
inconstitucionalidad contra los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 2248/03 Que
modifica el artículo 30 de la Ley N° 879 Código de Organización Judicial, con
el fin de evitar que se realicen controles a sus ejecuciones presupuestarias
por parte de la Contraloría General, publicó el diario capitalino Última Hora.
Acevedo prefería el trabajo del Tribunal de
Cuentas, órgano dependiente de la Corte Suprema de Justicia, porque se trata de
un ente más político y manipulable, a diferencia de la Contraloría, que realiza
un trabajo técnico y cuenta con personales capacitados para el efecto.
Sin embargo, las ministras Alicia Pucheta
de Correa y Gladys Bareiro de Módica y en disidencia Miryam Peña decidieron no
hacer lugar a la acción, argumentando que el Tribunal de Cuentas se debe
encargar de entender exclusivamente en los juicios de índole
contencioso-administrativo.
Esto, en base a que desde el 2003 se
modificó el artículo 30 de la Ley N° 879, del 2 de diciembre de 1981, sobre el
Código de Organización Judicial, y entró en vigencia la Ley 2248/03 mediante la
cual se establece que el Tribunal de Cuentas se compone de dos salas, y que a
ambas salas les corresponde entender en dichos juicios, señala la publicación.
Acevedo deberá rendir cuentas de sus
ejecuciones presupuestarias a la Contraloría General de la República, pero en
adelante ya no recibirá probablemente los mismos favores que habría recibido
durante la titularidad en dicho organismo de Roy Rodgers Canás.
Denuncias
Según los documentos, el 26 de octubre del
año 2015 se presentó una denuncia por irregularidades y se solicitó la
intervención de la Municipalidad de Pedro Juan Caballero a la Contraloría
General de la República.
El documento señala que ante las
atrocidades cometidas en el ejercicio de sus funciones por el aquel entonces
candidato a “trikutu inconstitucional” para la Intendencia, José Carlos
Acevedo, de conformidad a los artículos 187 y 192 del Código Penal, se presentó
denuncia formal por los supuestos hechos punibles contra el patrimonio (estafa
y lesión de confianza) ante el Ministerio Público.
Los documentos arrimados a la Fiscalía
también fueron presentados en la Contraloría General y hacían referencia por
ejemplo al contrato Nro. 16/2015 con la firma PUMA ENERGY PARAGUAY S.A. para la
adquisición de combustibles y lubricantes para el uso de la Comuna, que
finalmente se distribuían en la estación de servicios “Autopista” con el
emblema COPETROL perteneciente a la familia Acevedo a través del grupo
empresarial liderado por los mismos y además ubicado a metros de la casa del
Senador Roberto Acevedo.
La empresa PUMA de la ciudad de Fernando de
la Mora debía entregar el combustible en la Municipalidad, pero diariamente y
comprobado a través de tomas fotográficas, se constató que los vehículos del
parque municipal retiraban combustible de la estación de servicios de los
Acevedo sin ninguna nota de remisión de por medio que permita mínimamente
conocer la cantidad entregada. Según funcionarios municipales que facilitaron
algunos documentos, nadie podía ejercer un control directo sobre la cantidad de
combustibles y lubricantes que el surtidor entregaba a los camiones, pudiendo
de esa forma manipular cualquier informe administrativo y allanar el camino
para quedarse con las altas cifras manejadas en la licitación de combustible.
Estamos hablando de 500 mil dólares americanos anuales, más de 5 millones de
dólares desde que Acevedo logró perpetuarse en la administración municipal y
está ejerciendo su tercer mandato.
El
monto total del contrato 16/2015 (año 2015) ascendía a Gs. 2.877.075.500.
En la denuncia también hace referencia a la
resolución Nro. 41/2015 del 05 de febrero del 2015 por la cual se adjudica a la
firma CASA CHACO REPRESENTACIONES S.A. la provisión de alimentos para personas.
Los dueños de esta empresa tendrían vínculos familiares con los Acevedo ya que
tiene como representantes legales a las señoras Teófila Concepción Quevedo
Fleitas y Bielsa Margarita Quevedo de Villalba, recordando que la madre del
Intendente y el Senador es la señora Teófila Quevedo viuda de Acevedo. Estos
presuntos parientes ya fueron beneficiados por más de 2.500 millones de
guaraníes con la adquisición de alimentos para personas y adquisición de
elementos de limpieza desde el 2009 hasta el 2015.
Solo en el 2015 ganaron licitaciones de Gs.
383.250.000 y Gs. 104.365.000 avalados por dictámenes del Comité de Evaluación
de la Municipalidad de Pedro Juan Caballero y la Asesoría Jurídica que
responden a Acevedo, sin embargo, no se investigó la posible violación de la
Ley de Contrataciones Públicas que indica que los familiares, cónyuges o
parientes hasta el cuarto grado de consanguineidad no pueden ser beneficiarios
en contrataciones de carácter público.
Más sobre los posibles escándalos de
corrupción al estilo “Lava Jato” en el Brasil que salpican a los Acevedo y que
fueron denunciados ante la Contraloría General, privada hasta hace poco de una
investigación seria al respecto, apunta a la señora Herminia Nelly Montiel,
aparentemente funcionaria desde hace tiempo de los Acevedo al igual que su
marido el licenciado Alfredo Bogado Brizuela, administrador de una de las
estaciones de servicios del clan.
Esta mujer que tiene una modesta residencia
en Conavi, Zona Industrial, de acuerdo con las pesquisas, no posee las más
mínimas condiciones (infraestructura y capital) como para ser ganadora en la
contratación directa de la Municipalidad para el “servicio de organización de
eventos”.
Herminia Nelly Montiel fue beneficiada con
Gs. 138.140.000 en el 2014 y Gs. 138.700.000 en el 2015. Acevedo no solamente
cometió presuntos hechos de corrupción, sino que impidió que personas dedicadas
legalmente a distintos rubros licitados por la Comuna puedan competir y
resultar ganadoras generando así fuentes de trabajo y circulación de dinero.
Todas estas denuncias presentadas en
octubre del 2015 incluidas en un expediente de la Contraloría General de la
República tuvieron una respuesta recién en agosto del 2016 en donde el contralor
general interino habría tenido una importante participación para favorecer a la
administración municipal de Acevedo.
Antes de la respuesta oficial del órgano
superior de control, este sinvergüenza de Roy Rodgers fue convocado
supuestamente por el entonces presidente del Congreso Roberto Ramón Acevedo con
la presunta promesa de un respaldo político para su posterior nombramiento
definitivo al frente de la Contraloría General de la República, hecho que
finalmente no ocurrió y que pone en la mira nuevamente todas las ejecuciones
presupuestarias del actual intendente a través de un fallo judicial de la Corte
Suprema de Justicia que declara competente y habilita a la Contraloría a
ejercer el control absoluto sobre todos los actos administrativos de la Municipalidad
de Pedro Juan Caballero.
Resulta que el comunicado de la
Contraloría, mientras que Rodgers ocupaba interinamente el cargo, sobre la
verificación documental de las denuncias presentadas indicaba que se detectaron
irregularidades como, por ejemplo; en la suscripción del contrato para la
entrega de combustibles y lubricantes existió incongruencia en lo previsto en
el pliego de bases y condiciones de la provisión de bienes. Detectaron una
falta de correspondencia en la entrega de combustibles realizadas a través de
las bocas de expendio de las estaciones de servicios de los Acevedo.
Además, detectaron que se presentó
declaración jurada de bienes como fiel cumplimiento de contrato para el
servicio de organización de eventos y no como garantía de mantenimiento de
oferta como se establece, además señala que, en futuros llamados convocados
para la modalidad de contratación directa, la institución deberá contar con un
mínimo de 3 ofertas susceptibles de ser analizadas según establece la Ley de
Contrataciones Públicas.
En cuanto a la adquisición de alimentos
señala el informe que se debió requerir y exigir la garantía de fiel
cumplimiento de contrato. Asimismo, se dejó precedente que en los cuatro
llamados cuya investigación se solicitó, no fueron presentados los dictámenes
de asesoría jurídica que deben ser emitidos previo a la firma del contrato.
Toda la burocracia existente por parte de
la Contraloría General de la República con la titularidad en aquel entonces del
“cowboy” Roy Rodgers solamente derivó en una serie de recomendaciones a la
Municipalidad como estaba previsto ante el presunto acuerdo político al que
habrían llegado con el senador Roberto Acevedo y quien sabe que otros “pactos”
($$$) pudieron haber hecho.
Ahora que los Acevedo quedaron sin un
aliado fundamental en la Contraloría General de la República existe la
esperanza de que se transparente la administración autoritaria que han
mantenido por años y, además, que el Ministerio Público pueda librarse de la
fuerte presión política y económica que ejercen estas “autoridades” y se
destape la olla y se descubran todas las presuntas irregularidades que han
estado cometiendo con la venia correspondiente de cada organismo de control y
sanción.
Por Elvio Vázquez
