Los magistrados de primera instancia de todos los fueros de Alto Paraná y Amambay fueron emplazados hasta este viernes por el ministro superintendente de ambas circunscripciones judiciales, Dr. César Diesel Junghanns, para que presenten un informe referente a las garantías de habeas corpus preventivo que hayan sido tramitadas en los años 2020 y 2021.
El informe debe contener los datos de la carátula de la causa en la que se otorgó la garantía constitucional, el órgano jurisdiccional en el que fue tramitada y la copia de cada resolución correspondiente, recaída en cada caso.
El emplazamiento de Diesel Junghanns se da a raíz del habeas corpus preventivo otorgado el 17 de febrero de 2020 al presunto traficante de drogas Lindomar Reges Furtado, requerido por la Justicia del Brasil, quien se fugó del Paraná Country Club junto a su pareja Gladys Aparecida Duarte Pereira, el pasado 15 de febrero, minutos antes de ser capturado por la Policía Nacional.
El juez de Garantías Nº 3 de Ciudad del Este, Carlos Vera, argumentó que concedió el habeas corpus preventivo al presunto narcotraficante brasileño Lindomar Reges Furtado “no quería que se lo moleste”, pues denunció en ese momento que la Policía lo extorsionaba pidiéndole supuestamente dinero ante una solicitud de captura internacional, que no existía en aquella época.
El magistrado puntualizó además que dispuso el cese de las restricciones a la libertad física y seguridad del ciudadano brasileño, siempre y cuando no se den los presupuestos que ameriten la aprehensión del ahora buscado.
Vera resaltó que una parte del expediente resalta que Lindomar Reges Furtado, expresaba: “Soy víctima de persecución de policías de Ciudad del Este y Hernandarias, me demoran y me piden plata”.
Sin embargo, el juez de Garantías verificó los antecedentes del presunto narco y comprobó que era falso y que Brasil no lo estaba buscando en aquel momento.
Ante esta situación Vera solicitó un reporte de Interpol y en el sistema saltó que no se encuentra requerido a nivel internacional en el ámbito de la justicia.
Según el fiscal antidrogas Manuel Rojas, uno de los agentes que allanó el Paraná Country Club, dijo al medio digital PDS que son muchos los brasileños con antecedentes penales y órdenes de captura que ingresan a la capital del Alto Paraná a refugiarse.
Afirmó que lo primero que le ofrecen a los presuntos criminales son habeas corpus preventivo, que utilizan como un “salvo conducto” para que la Policía Nacional no les moleste dentro del territorio paraguayo.
El agente del Ministerio Público recordó que en el 2013 la Corte Suprema de Justicia realizó una auditoría de gestión en la circunscripción judicial del Alto Paraná, debido a que varios presuntos narcotraficantes fueron beneficiados con este tipo de resoluciones. Puntualizó que el 94% de los jueces renunciaron antes de que sean echados, y quedaron solo tres magistrados.
