Mediante el comunicado, la presidenta del Indert, Gail González Yaluff, lamenta «las manipulaciones del delicado tema de la lucha por la tierra», y reafirma que «no existe ninguna ‘hoja de ruta de desalojos masivos’ de inmuebles pertenecientes al ente rural».
El ente rural recuerda que los casos son puntuales y las responsabilidades son individuales. «Si se lleva adelante algún procedimiento, no será a instancias del Indert, ya que las decisiones corresponden a la fiscalía y a los juzgados», aclara.
Igualmente subraya que el Indert es una institución creada para defender los bienes del Estado, velando por los sectores campesinos más vulnerables y la propiedad privada, ejerciendo un papel de mediador entre los sectores de la producción, propietarios y organizaciones campesinas.
«En cuanto a la reciente ley que eleva la pena por invasión de propiedades privadas, se aclara que, como principio jurídico universal, dicha norma no tiene efecto retroactivo, por lo que no se puede esgrimir ese instrumento legal para intentar confundir a la sociedad», añade el comunicado.
De esta forma, el Indert ratifica su posición de aliada de los verdaderos sujetos de la feforma agraria, recordando que los instigadores de invasiones a propiedades privadas serán pasibles de la aplicación de las leyes, «como corresponde al ordenamiento jurídico de toda República».
«Alertamos a la sociedad en general que en estos tiempos proselitistas, los ‘pescadores en río revuelto’ buscan sacar ventajas de cualquier situación, apelando frecuentemente -como ahora- a mentiras y manipulaciones que en nada contribuyen al bienestar de los compatriotas», sostiene la institución.
Finalmente manifiesta que las posiciones radicalizadas impiden alcanzar soluciones favorables para todos, por lo que la presidenta del Indert «nuevamente insta al diálogo entre las partes para satisfacer los reclamos de tierras en el marco del respeto a las leyes, haciendo realidad así el sagrado lema impreso en la Enseña Patria: Paz y Justicia”.
