En los últimos doce meses las ganancias obtenidas por la red ascendieron a un millón de euros (1.3 millones de dólares), cifra que se duplicó en años anteriores, según la fuente.

 

En la operación fueron detenidas once personas en España y doce en Paraguay y además se efectuaron once registros domiciliarios en ambos países.

 

La policía explicó que las mujeres eran captadas a través de dos agencias de viajes oficiales en las localidades paraguayas de Caaguazú y Ciudad del Este, donde les prometían trabajo como camareras en España.

 

Los arrestados en España son principalmente los dueños de los locales donde se ejercía la prostitución, y en Paraguay son los titulares de las agencias de viajes y sus trabajadores.

 

Algunas sabían que iban a ejercer la prostitución, aunque les decían que solo tendrían que devolver el importe del billete cuando en realidad debían afrontar el pago de una deuda de 5.000 euros (unos 6.500 dólares), apuntó la Policía.

 

Para garantizar el pago de la deuda, la organización criminal les pedía títulos de propiedad como avales y, en caso de que no tuvieran propiedades, los titulares de las agencias de viajes investigadas visitaban a los familiares de las mujeres para intimidarlos y reclamarles la deuda.

 

Las víctimas eran jóvenes madres de familia, con pocos recursos económicos y muy bajo nivel cultural, que venían a España con la promesa de ganar un dinero fácil en poco tiempo, subrayó la policía.

 

Las mujeres rotaban mensualmente por distintos pisos y chalés, trabajaban veinticuatro horas al día, siete días a la semana y estaban continuamente vigiladas.

 

Cuando terminaban de pagar la deuda podían seguir trabajando en el establecimiento, repartiendo los beneficios al 50 por ciento con el dueño, o dejar la organización.

 

Los miembros de la red obligaban a las mujeres a abrir cuentas en bancos desde las que enviaban dinero a Paraguay como parte de la deuda contraída con sus captores.

 

La organización blanqueaba el dinero obtenido a través de un entramado financiero formado por más de quince sociedades en dos sectores: el publicitario (con servicios de publicidad en autobuses y casas de citas) y la compraventa de vehículos (limusinas y otros coches de alta gama).

 

Las pesquisas comenzaron en agosto de 2011 a partir de declaraciones de mujeres de origen paraguayo que, acompañadas de una ONG de ayuda a víctimas de trata de seres humanos, se pusieron en contacto con la Policía española.