Lo más visto: Corte suprema de Justicia echó por tierra pretensiones del intendente Acevedo
11/07/2017 / Lo más visto
Una publicación del diario Ultima Hora de Asunción de este lunes 10 de julio hace referencia a que el intendente municipal de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo Quevedo, hermano del saliente senador Roberto Ramón Acevedo, aunque no le guste deberá seguir rindiendo cuentas de su gestión ante la Contraloría General de la República, según una determinación de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Por medio de sus abogados el intendente Acevedo había planteado un recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 2248/03 que modifica el artículo 30 de la Ley N° 879 Código de Organización Judicial.

El objetivo de Acevedo era sacarse de encima  a los auditores de la Contraloría General de la República para que los mismos no revisaran sus ejecuciones presupuestarias, muchas de ellas con fuerte tufo de supuestas irregularidades.

Según se dice, José Carlos Acevedo prefería ser auditado por el Tribunal de Cuentas, dependiente de la Corte Suprema de Justicia, por tratarse de un ente más polítizado y manipulable, a diferencia de la Contraloría, que realiza un trabajo técnico minucioso.

Sin embargo, las sospechosas pretensiones de Acevedo acabaron cuando las ministras Alicia Pucheta de Correa y Gladys Bareiro de Módica entendieron que tal cosa no correspondía y con el voto en disidencia de la ministra Miryam Peña decidieron no hacer lugar a la acción presentada por los abogados del intendente.

En su dictamen, argumentaron que el Tribunal de Cuentas solo puede entender en juicios de carácter contencioso-administrativo y que por lo tanto, aunque no le guste, Acevedo tendrá que poner los informes administrativos de su gestión a disposición de la Contraloría.

Además de este caso, otras 58 gestiones administrativas en más de 16 instituciones públicas no podían ser auditadas por la Contraloría, ya que el Tribunal de Cuentas se declaró competente. Entre estas están la propia Cámara de Diputados, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), la Fiscalía General del Estado, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y hasta la Corte Suprema de Justicia.


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